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14
de
Julio
del
2003
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Regreso a los cuarteles: hasta nueva orden
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No s si haya algn otro lugar en el mundo donde miembros del gobierno se encuentren como superiores jerrquicos de sus antiguos carceleros, que compartan mesas de trabajo con miembros de las instituciones que les asesinaron familiares, o que convivan con quienes los espiaron, maltrataron o mantuvieron en el exilio. El caso de la ministra de Defensa, si bien emblemtico, no es el nico.
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Despus de leer mi columna anterior, "Cheyre y la neblina de la guerra", un lector me acus de ser "poco patriota" por mi escepticismo sobre los "gestos" de la as llamada familia militar. "Con esa forma de pensar no vamos a llegar a ninguna parte", sentenci. Es posible que l tenga razn, porque, desde un punto de vista, mientras estemos en desacuerdo sobre qu hacer con el legado de violencia del rgimen de Pinochet, vamos a dar tumbos dentro un crculo eterno de acusaciones y justificaciones. Y concedo que es razonable creer que una nacin en desacuerdo avanza ms lento.
Pero a pesar de que reconozco la utilidad prctica de buscar consensos, considero que el tema de los derechos humanos no es negociable, y que hay que enfrentar las dificultades polticas que conlleva como una forma de inversin moral en un futuro democrtico. Por qu apresurarse y desperdiciar en aras de una efemride lo que hemos aprendido desde el fin de la dictadura? Las dificultades pueden ser ms fructferas que los acuerdos prematuros.
A lo largo de estos aos, ha sido difcil vivir en este circuito de recriminacin y desconfianza mutua, pero se debe reconocer que ha habido grados cualitativamente distintos de dificultad. Para quienes piden nada ms que informacin acerca de dnde fueron a parar los cadveres de sus familiares, la dificultad sigue siendo inimaginablemente dolorosa, al punto de constituir una verdadera tortura sicolgica. Es inmensa tambin la penuria de los que han pasado dcadas cargando con el recuerdo de sus flagelos, sintiendo como un escarnio ms la indiferencia mayoritaria de sus compatriotas y el descaro de los torturadores.
Tambin es considerable la dificultad de quienes, debido a las circunstancias, se han visto obligados a colaborar, desde el poder civil, con antiguos adversarios. No s si haya algn otro lugar en el mundo donde miembros del gobierno se encuentren como superiores jerrquicos de sus antiguos carceleros, que compartan mesas de trabajo con miembros de las instituciones que les asesinaron familiares, o que convivan con quienes los espiaron, maltrataron o mantuvieron en el exilio. El caso de la ministra de Defensa, si bien emblemtico, no es el nico.
Para los pocos victimarios que se han resquebrajado por dentro con la culpa, tambin debe ser difcil, especialmente si a la conciencia sucia se suma la vergenza de haber actuado con crueldad, sobre seguro, y con una cobarda inconfesable; esto ltimo hay que subrayarlo, aunque se ofendan quienes a cada rato presumen de haber sido tan valientes, desde el paracaidista-cum-rector A. Medina Lois al "entrevistador" Krasnoff Martchenko.
Con la propuesta de la UDI y las contorsiones ticas de pinochetistas como el historiador Vial y el general (r) Corts Villa, que insisten en el manido trueque de verdad por impunidad, se hizo evidente que algunos colaboradores de la dictadura haban comenzado a sentir incomodidad moral frente ese pasado de terrorismo institucionalizado. La bullada declaracin de los lugartenientes de Pinochet lo vino a confirmar. Sin duda que a algunos de los antiguos jerarcas les duele ver que estn pasando a la historia no como hroes sino como administradores de la violencia arbitraria contra sus propios compatriotas. Es revelador, eso s, que la famosa nota instigada por Cheyre haya sido escrita con asesora legal, para evitar las posibles consecuencias penales gatilladas por el "gesto". Pero incluso esto es seal de avance: el poder civil antes peda "justicia en la medida de lo posible" mientras que ahora la derecha y los militares son los que claman por "impunidad en la medida de lo posible".
Es natural el anhelo de borrar el conflicto y empezar con la hoja en limpio. Para el amable lector antes mencionado, que entiende el patriotismo como la sumisin entusiasta (o, en una versin ms light, el consentimiento pasivo) a la performance conciliatoria de las elites, "llegar a alguna parte" significa ponerle punto final, de una manera u otra, al tema. Por suerte, la posicin pblica del ejecutivo hasta ahora ha sido inequvoca: no habr componenda de punto final, no podemos correr el riesgo de legitimar injusticias.
Pero cabe hacerse la pregunta implcita del lector: adnde queremos llegar? a qu queremos llegar? La respuesta, a juzgar por la frecuencia con que se usa la palabra, pareciera ser: a la reconciliacin. El problema es que nadie se ha dado el trabajo de detallar bien en qu consistira esta meta tan metafsica.
Recordemos que en medio la catarsis del Informe Rettig, el trmino "Reconciliacin" fue pareado con "Verdad". Nadie pudo resistir la potencia emocional de esta dupla goleadora. Sin embargo, sabemos que la "verdad" del informe excluy de partida la prctica de la tortura, y nos hemos enterado despus (el informe secreto de Herman Brady a Pinochet as lo confirma) de que tampoco fue exhaustivo en su recopilacin de los casos de muerte. Con esa verdad tan coja, poca reconciliacin poda haber. Adems, no hay que olvidar que el ejrcito de Pinochet rechaz el informe y que dos aos ms tarde se las jug por la impunidad total en el "boinazo".
Despus, en la endeble mesa de dilogo (mesa de pquer o mesa de espiritismo, donde lo que se haca por debajo importaba tanto como lo que haba encima), se habl otra vez de reconciliacin. Hubo lgrimas y abrazos. El presidente Lagos cay en el bluff y elogi en cadena televisiva el coraje de los militares por reconocer que haban repartido por mar y montaa cadveres de compatriotas asesinados. Aunque despus se revelara que la informacin que entregaron sobre el destino de los desaparecidos estaba viciada, las fuerzas armadas ya haban salido del paso.
Ahora estamos viendo las consecuencias de la actitud -temerosa por un lado, calculadora por el otro, miope en ambos casos- con que se confrontaron las violaciones de los derechos humanos en las dos grandes instancias mencionadas. La interpretacin oficial del informe Rettig merece la dureza con que la evaluara Alfredo Jocelyn-Holt: la tesis de que "todos somos responsables, todos culpables", no fue ms que un "recurso solapado a fin de diluir responsabilidades o exculparlas". Es un juicio duro el del historiador, pero de una lucidez innegable.
Despus de los fracasos anteriores, estamos frente a una tercera oportunidad, tal vez la ltima que tengamos mientras los protagonistas clave estn vivos. La gran ficcin sobre la que han girado las relaciones cvico-militares en la ltima dcada (que los "excesos" fueron de individuos, no de instituciones) se desbarat por su propio peso, y ahora ni los teniente-generales de la dictadura se atreven a recurrir a ella. Con la declaracin de la antigua jerarqua de Pinochet se vislumbra que, bajo la carga de la evidencia que se ha ido acumulando en los procesos judiciales, las fuerzas armadas no tienen pie para seguir negando la verdad que se ha instalado paulatinamente en la conciencia histrica de los chilenos.
Paradjicamente, reconocer que el ejrcito tiene responsabilidad institucional en la violacin de los derechos humanos, libera a los altos mandos de seguir llevando la estrategia defensiva que han desplegado ante el poder civil desde 1991. Cheyre y los dems comandantes en jefe deberan aprovechar la oportunidad para marcar una diferencia palpable con el pinochetismo. Si los mandos actuales son capaces de maniobrar no con el clculo cazurro e inmediatista del desprestigiado Pinochet sino con la consecuencia tica y profesional de Schneider y Prats, quizs podremos salir del crculo malsano y empezar a constituir bases slidas de convivencia en comunidad.
Sera sta la ansiada reconciliacin? No, pero una condicin imprescindible para ella es desmantelar la estructura contrahecha de las relaciones cvico-militares en Chile, comenzando por establecer la sumisin irrestricta de las fuerzas armadas al poder civil, con todas las reformas constitucionales que ello requiera. Sin eso, hay que decirlo una vez ms, seguiremos teniendo una democracia simulada. Y sin democracia de verdad y firmemente institucionalizada, no sirve para nada llenarse la boca con reconciliaciones hechas a punta de "gestos" en los que todava se percibe la retrica de los antiguos bandos de guerra.
Cuando vuelvan de verdad los militares a los cuarteles podremos empezar a buscar consensos slidos en lugar de cortinas de humo, voladores de luces, y otros "gestos" de buena crianza.
(*) escritor y profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Haverford, EE.UU.
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